22 de febrero 1987: Entra en vigor la Ley de Punto Final en Argentina

La Ley 23.492 de Punto Final establecía la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976–1983. Había sido presentada por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris, y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín. ​El Congreso Nacional la declaró nula en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

 

 

 

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